Real Decreto Ley 7/2019 de 1 de marzo, medidas vivienda y alquiler
- Se amplía de tres a cinco años la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, siempre que el arrendador sea una persona física. En el caso de las personas jurídicas, la duración de los alquileres se eleva a siete años.
- Por lo que se refiere a la prórroga tácita (transcurrido los primeros 5 ó 7 años según arrendador), esta se eleva de uno a tres años en ambos casos.
- «Si llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus
prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo.
- El preaviso se deberá realizar con cuatro meses (arrendador) de antelación a la finalización de los cinco o siete años en el caso del arrendador y con dos meses de antelación en el caso del inquilino, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más,
- El decreto recoge que durante la duración del contrato, la potestad de recuperación de la vivienda por el propietario (persona física) debe quedar «expresamente recogida en el contrato de alquiler».
- La subida anual del alquiler, en base al IPC, se trata de una de las principales novedades del nuevo documento. Aunque en este caso el IPC no será obligatorio.
- Eliminación de la publicidad registral de los contratos de arrendamiento de vivienda para que tengan eficacia legal frente a terceros durante el plazo de los cinco primeros años del contrato, o siete años si el arrendador es persona jurídica.
- Modificación de Ley de Enjuiciamiento Civil para que los procedimientos arrendaticios se tramiten por cuantía y no por materia, salvo los desahucios y reclamaciones de rentas que continuarán tramitándose por el juicio verbal
- Esta es la medida más importante de la reforma. De esta forma se garantiza al arrendatario también pueda acudir al proceso de juicio verbal, proceso más ágil y económico que el de juicio ordinario, cuando la cuantía del procedimiento sea de inferior o igual a 6.000.
- beneficiándose a su vez de la posibilidad de litigar sin abogado y procurador cuando la cuantía no supere los 2.000 en virtud de lo dispuesto en el art. 23.2.1º de la LEC.
- Obligación por ley de que el arrendador persona jurídica asuma todos los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato de arrendamiento de vivienda, no admitiéndose pacto en contrario. Se mantiene el criterio de libertad de pacto cuando el arrendador sea persona física.
- Limitación de la actualización de rentas por toda la duración del contrato de arrendamiento de vivienda conforme a la variación anual que experimente el IPC. En todo caso, debe pactarse en el contrato el derecho a actualizar la renta.
- Qué pasa si fallece el inquilino «no podrá pactarse la renuncia a la subrogación en caso de fallecimiento en contratos de larga duración cuando afecte a hogares vulnerables, en los que existan menores, personas con discapacidad o personas mayores de 65 años»,
- Limita la fianza a una mensualidad este punto no sufre modificaciones respecto al real decreto anterior. «A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda». No obstante, el arrendador podrá exigir una garantía adicional al arrendatario de hasta un máximo de dos mensualidades.
- Los vecinos pueden prohibir el alquiler turístico, Si estiman destinar el inmueble a alquiler turístico, debes saber que el resto de propietarios puede prohibir que lo hagas. La norma excluye los alquileres turísticos de la LAU, al tratarse de una actividad económica, y en lo que respecta a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), si los vecinos logran una mayoría cualificada de 3/5 partes de la comunidad, podrán limitar las viviendas de uso turístico hasta ahora se necesitaba unanimidad o asignarles mayores gastos comunes
- Día y hora para el desahucio, El decreto del alquiler también incluye un apartado sobre los desahucios, deberán indicar fecha y hora.
- Esta nueva normativa legal entra en vigor el día 6 de marzo de 2019, pero deberá convalidarse en el plazo máximo de 30 días por la Diputación Permanente del Congreso al 6/04/2019
