El Tribunal Supremo decretó el pasado martes que es el cliente, y no la entidad financiera, quien debe asumir el pago del impuesto asociado a la constitución de hipotecas.
La sentencia es fruto de una votación muy ajustada. Fueron 15 de los 28 magistrados reunidos los que votaron en contra del cliente mientras otros 13 se mostraron a favor de que sean las entidades quienes paguen.
De haber fallado en contra del sector bancario, el Supremo habría tenido que matizar los efectos retroactivos de la sentencia. La ministra de Hacienda, estimó que el importe en juego (que las comunidades autónomas hubieran tenido que devolver y habrían exigido abonar a la banca) serían los 5.000 millones de euros pagados por los clientes en los últimos cuatro años (desde enero de 2014), periodo sobre el que se puede reclamar el pago de un tributo. La retroactividad total podía haber elevado el monto hasta los 26.000 millones de euros.
Los abogados especializados en litigios de consumidores contra la banca, por su parte, anticipan que el fallo del Supremo contra la clientela acabará siendo elevado por algún juez de instancias inferiores ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como ya ocurrió con el caso de las cláusulas suelo.